MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA AL PRÓXIMO PLENO DE LA CORPORACIÓN, PREVIO DICTAMEN EN LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE, PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS  TRABAJADORES EN EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES.

La decisión del Gobierno de presentar ante  la Comisión del Pacto de Toledo una serie de propuestas relacionadas con la modificación del Sistema Público de Pensiones ha creado una gran alarma social.
 
La prolongación de la edad de jubilación de 65 a 67 años y el posible aumento del período de cómputo de 15 a 25 años significarían una disminución real de 4 puntos de PIB  en el momento de plena aplicación del sistema, según los datos del Gobierno recogidos en su Plan de Austeridad 2009-2013. Es decir, se pretenden sustraer (con una estimación moderada de crecimiento del PIB en los próximos 20 años)  unos 80.000 millones de euros del importe de las pensiones  que percibirán los pensionistas de jubilación. Las propuestas relativas a la modificación de las pensiones de viudedad suponen además  un recorte complementario.
 
Según datos de la Seguridad Social,  a fines de diciembre de 2009 existían 5.087.586 pensiones de jubilación con una jubilación media de 861,49 euros (de ellas, el 54,9% son inferiores a 600 euros) y otras 2.281.270 pensiones de viudedad con una pensión media de 556,28 euros. Como puede apreciarse, la pensión media sigue siendo notablemente baja en nuestro país y es muy inferior a la media de la Unión Europea. El gasto medio por habitante en pensiones era en la UE-15, 2.962,2 euros, mientras en España es de 1.684,4 euros.
 
Esto significa una injusta pérdida para el conjunto de los trabajadores y por tanto también para nuestros vecinos ya que nos hace retroceder en nuestra cobertura de protección social y por tanto debilita el sistema de bienestar social

Pero además de injusta  esta pérdida es  innecesaria.
 
Es innecesaria porque el Sistema Público de Pensiones no está amenazado y goza de una excelente salud. Incluso en plena crisis, durante 2009 ha tenido un superávit  de 8.500 millones de euros y se ha aumentado el Fondo de Reserva.
 
Es innecesaria porque los elementos utilizados para alarmar a los ciudadanos y justificar así la reforma, no son rigurosos.
 
En primer lugar, el aumento de la esperanza de vida no puede ser confundido con la longevidad de la población. Tiene mucho más que ver con el descenso de la mortalidad infantil y las mejoras en la salud general de la población. Del aumento de la longevidad de la población no se deducen obligaciones alarmantes para el sistema. Que la esperanza de vida aumente cuatro años no significa, ni mucho menos, que todas las personas vivan 4 años más.
 
En segundo lugar, según el tipo de vida y la profesión que se ha tenido se vive más o menos. Los datos confirman que, en España, un ejecutivo de Banco, por ejemplo, vive en media, 10 años más que un obrero manual o que la señora que limpia el Banco. Con la reforma propuesta se produciría el hecho de que la limpiadora tendría que trabajar dos años más para que cobre diez años su pensión el ejecutivo de su banco. Esto es contrario a la justicia social y al sentido común.
 
En tercer lugar, se utiliza el dato alarmista de que el incremento del gasto en pensiones será excesivo con relación al PIB en el futuro. Este es un argumento engañoso y falto de rigor. El gasto en pensiones representaba en 2007 el 8,7% del PIB y  podemos admitir que pueda representar el 15,1% del PIB en 2060. Esto puede parecer alarmante, pero no lo es. Aún con un criterio moderado, es previsible un crecimiento medio anual del PIB hasta el 2060 del 1,5 anual, cifra que el Banco de España considera razonable. Esto significará que en 2060 el PIB será 2,23 veces superior en términos reales al de 2007. Es decir, que si en 2007 fue de 1billón de euros, en 2060 será de 2,23 billones de euros. De esta forma, si en 2007 quedaban 913.000 millones para otros factores diferentes de las pensiones, en 2060 quedarán  más de 1 billón 864.000 millones para otros factores, es decir el doble de recursos en términos reales.
 
En cuarto lugar, las previsiones demográficas son difíciles de hacer y en no pocas ocasiones también interesadas y engañosas. Lo decisivo en un sistema de pensiones de reparto, como es el caso español, no es el número de jóvenes y adultos por persona jubilada, sino el número de cotizantes y la cantidad de la cotización en relación al número de beneficiarios de pensiones. Pues bien, el número de cotizantes y la cantidad de las cotizaciones siguen aumentando y lo seguirán haciendo en el futuro.
 
Por tanto, insistimos en que las propuestas del Gobierno son injustas e innecesarias.
 
Todo lo anteriormente expuesto no significa que no haya que hacer mejoras en el Sistema Público de Pensiones, pero son mejoras que deben ir en el sentido contrario de las propuestas del Gobierno.
 
En base a todo lo anterior, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Pleno de la Corporación la siguiente Moción: 
 
1º.-El Pleno del Ayuntamiento, reunido en sesión ordinaria, acuerda instar al Gobierno de España a retirar las propuestas presentadas a la Comisión del Pacto de Toledo sobre reforma de las pensiones públicas.
 
2º.- Igualmente, el Pleno se pronuncia a favor de que el Sistema Público de Pensiones siga garantizando los derechos actuales de los pensionistas, de forma que no se supere la edad de 65 años para la jubilación con plenos derechos, se mantenga el período de cómputo para el cálculo de la pensión en 15 años y se asegure la revalorización de las pensiones de acuerdo con el incremento del IPC y en mayor medida para las pensiones más bajas.

De la presente moción se dará traslado a:
Presidente del Gobierno
Ministro de Trabajo e Inmigración
Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados
Comisión del Pacto de Toledo

Puertollano, 17 de febrero de 2010

FDO FLORENTINO LÓPEZ MONTERO
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA